Showing posts with label Neoliberalism and illegalization of the immigrant experience. Show all posts
Showing posts with label Neoliberalism and illegalization of the immigrant experience. Show all posts

Dream Activism and Obama Deferred Action

Go to Dream Activism and Obama Deferred Action



A new Obama administration policy could stop the deportation of as many as 1.3 million undocumented immigrants who were brought to the United States as children. Starting on Aug. 15, students under the age of 30 may be eligible for a two-year reprieve from deportation if they meet certain conditions. We speak to Marco Saavedra, a DREAM activist who infiltrated a Florida detention facility and was arrested again over the weekend calling for the release of immigrants held there. We also speak with Tom Shea, director of training for the New York Immigration Coalition about the Obama administration’s new Deferred Action for Childhood Arrivals program and what it will mean for undocumented youth. [Includes rush transcript]

Hundreds Protest Alabama Anti-Immigrant Law

Democracy Now


Hundreds of people rallied at the Alabama State House in Montgomery on Tuesday in protest of the state’s controversial anti-immigrant law. The measure has already forced thousands of undocumented immigrants, primarily Latino, to flee the state. The law’s provisions include requirements for the checking of immigration status during traffic stops by police or for state workers processing license requests, public school enrollment and driver’s permits. Activists came to the State House from across Alabama and say they plan to remain for several days. Alabama lawmakers have promised to modify the law, but opponents are calling for its full repeal.
Suspenden aplicarla hasta que la Suprema Corte llegue a una definición
Pl

Washington, 20 de diciembre. Una corte federal de Estados Unidos determinó este martes aplazar la entrada en vigor de una rigurosa ley migratoria en Carolina del Sur.

Tras analizar los argumentos de los grupos en favor y en contra del proyecto, la magistratura decidió rechazar una petición del fiscal estatal Alan Wilson para que se aplique la regulación, mientras la Suprema Corte llega a una definición.

El tribunal federal se comprometió a anunciar su veredicto antes del primero de enero de 2012, cuando debe implementarse el proyecto legal, ampliamente criticado por la población.

Unos 200 activistas se concentraron en una plaza cercana a la corte federal para manifestarse pacíficamente y exigir la desaprobación de los estatutos.



Programa para deportar inmigrantes criminales “debe desaparecer”

Plagado de errores, según Los Angeles Times
Notimex

Los Angeles, 19 de diciembre. El programa de Comunidades Seguras para deportar a inmigrantes criminales está plagado de errores y debe desaparecer, recomendó hoy Los Angeles Times.

Es hora de que la administración (del presidente estadunidense Barack) Obama elimine este programa que desde sus inicios estuvo plagado de problemas para su aplicación, señaló el diario en un editorial.

Creado para deportar a inmigrantes con serios antecedentes criminales, este programa, iniciado en 2008, ha fracasado al crear comunidades seguras de desecho, aseguró.
Hace una semana se reveló que sumado a tantos errores el programa ha deportado a ciudadanos estadunidenses detenidos por equivocación. Earl Warren, del Instituto de Derecho y Políticas Sociales de la Universidad de California, en Berkeley, estimó que 3 mil 600 ciudadanos de Estados Unidos han sido detenidos con este programa.
A tres años de que se puso en marcha el programa es un grave error, porque más de la mitad de los deportados no contaban con antecedentes criminales, anotó Los Angeles Times.

Abundó que no está ayudando a proteger a comunidades ya que aumentó el número de inmigrantes reacios a denunciar delitos como testigos o víctimas. Cada vez es más claro que éste es un sistema injusto y arbitrario, plagado de errores y fracasos, y si no se puede enmendar debe ser desechado, concluyó el editorial.

Migración, racismo y xenofobia

 
Ayer, 18 de diciembre, se conmemoró en diversos puntos del planeta el Día de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos de los Migrantes, Refugiados y Desplazados. Cientos de personas marcharon en Nueva York para exigir respeto a los derechos de los trabajadores extranjeros y el cese de las deportaciones masivas que practica el gobierno de Barack Obama, en tanto que The New York Times señaló en su editorial que la ley antimigratoria aprobada en Alabama es perjudicial incluso para la economía de ese estado, por lo que debe ser abolida. En México, decenas de familiares de migrantes realizaron una clausura simbólica de la sede del Instituto Nacional de Migración (INM), en demanda de garantías para los centro y sudamericanos que transitan por el territorio nacional.

Obama Administration Criticized for Carrying on Controversial Immigration Enforcement Program

Democracy Now
August 8, 2011
Immigrant rights groups are criticizing the Obama administration for unilaterally pushing ahead with its Secure Communities program, a controversial federal immigration enforcement policy that requires local police to forward fingerprints of every person they arrest to the U.S. Department of Homeland Security. In recent months, the governors of Illinois, Massachusetts and New York announced they had pulled out of the program. But now officials from U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) are saying the program is not voluntary and that local governments cannot opt out of it. On Friday, ICE sent a letter to local and state governors terminating all existing agreements with jurisdictions over the program. ICE said the agreements were no longer "required to activate or operate Secure Communities."

Reingreso de indocumentados a EU, delito más perseguido


Notimex
Publicado: 17/07/2011 14:08

Los reingresos ilegales en este periodo –un total de 18 mil 552 casos– fueron asimismo 47 por ciento de los procesos legales ligados al tema migratorio.

Nueva York. El reingreso ilegal a Estados Unidos se convirtió en el delito con el mayor número de procesos legales iniciados en este país en el primer semestre del año fiscal 2011, de acuerdo con estudios recientes de la Universidad de Syracuse.

Los procesos judiciales iniciados contra personas que reingresaron al país sin documentos representan 23 por ciento de los casos contra los que los fiscales federales presentaron cargos en el semestre que terminó en septiembre de 2010, según el calendario fiscal del país.

Los reingresos ilegales en este periodo –un total de 18 mil 552 casos– fueron asimismo 47 por ciento de los procesos legales ligados al tema migratorio, y superaron por primera vez al número de casos de personas que ingresaron al país por primera vez sin documentos.

De acuerdo con el Centro de Acceso a Documentos Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), adscrito a la Universidad de Syracuse, de continuar la tendencia actual, el año fiscal 2011 terminaría con 37 mil 104 procesos judiciales contra reingresos ilegales, 3.5 por ciento más que en 2010.

El incremento sería consistente con la tendencia observada durante la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la cual, ha sido constante la persecución al reingreso ilegal.

Durante el último año del gobierno de George W. Bush se reportaron poco más de 20 mil procesos por reingresos ilegales, casi la mitad de los proyectados para 2011.

“Existe la expectativa de que nuestro gobierno debe responder a los deseos de los votantes. Y hay un componente grande y muy activo del público estadunidense que pide acciones en todos los frentes migratorios, incluyendo los ingresos ilegales”, explicó Sue Long, codirectora de TRAC, en entrevista con Notimex.

Según la información de este organismo, Arizona fue el distrito judicial donde se registró el mayor número de procesos por reingreso ilegal durante el primer semestre fiscal de 2011, con 12 mil 780, seguido por el sur de Texas, con 11 mil 226.

Ley antinmigrante en Georgia--sexto estado en EUA con leyes similares


Periódico La Jornada
Martes 28 de junio de 2011

Suspenden partes de una norma contra indocumentados en Georgia
Se suma Carolina del Sur a 6 estados que cuentan con leyes antimigrantes

Reuters y Notimex

Periódico La Jornada
Martes 28 de junio de 2011, p. 34

Charleston, 27 de junio. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, firmó hoy aquí una ley antimigrante que autoriza a la policía local a interceptar e interrogar a presuntos indocumentados que residan y trabajen en este estado del noreste estadunidense, que en los años de la guerra civil (1861-1865) combatió al lado de los esclavistas.

La legislación S20 fue aprobada el martes pasado por la Cámara de Representates del estado, días después de ser sancionada por el Senado estatal. Tras se ratificada por la gobernadora de extracción republicana, quien comenzó su mandato hace seis meses, se prevé que la norma entrará en vigor el primero de enero de 2012.

Utah’s New Immigration Bills: A Blast From the Past -- In These Times

Mar 15

The state laws have been called “the nation’s most liberal,” but they’re not much different from Cold War-era deportation policies.
By David Bacon

Labor supply programs for employers, with deportations and diminished rights for immigrants, have marked U.S. immigration policy for more than 100 years.SHARE THIS ARTICLE | Last week the Utah legislature passed three new laws that have been hailed in the media as a new, more reasonable, approach to immigration policy. Reasonable, that is, compared to Arizona’s S.B. 1070, which would allow police to stop anyone, demand immigration papers and hold her or him for deportation. Arizona’s law, signed by Republican Governor Gary Herbert on Tuesday, March 15, is currently being challenged in court.

Utah’s bills were called “the anti-Arizona” by Frank Sharry, head of America’s Voice, a Washington D.C. immigration lobbying firm. According to Lee Hockstader, on the Washington Post’s editorial staff, the laws are “the nation’s most liberal—and most reality-based—policy on illegal immigration.”

The Utah laws, however, are not new. And they’re certainly not liberal, at least towards immigrants and workers. Labor supply programs for employers, with deportations and diminished rights for immigrants, have marked U.S. immigration policy for more than 100 years.

One bill would establish a state system to allow employers to bring people from the Mexican state of Nuevo Leon as “guest workers.” Under this program, workers would have to remain employed to stay in the country. They would not have the same set of labor and social rights as people living in the communities around them. Another bill would give undocumented workers now living in Utah a similar guest worker status, lasting two years. The National Immigration Law Center (NILC) says the third bill, the Arizona look-alike, “requires police to interrogate individuals and verify their immigration status in a wide array of situations, promoting harmful and costly incentives for law enforcement to racially profile.”

Utah, like most states in the west and Midwest, has been down this road before.

No Bond, No Bars: Federal Court Rejects the Prolonged Detention of Immigrants Without a Hearing

Mar 9, 2011

On Monday, a federal appeals court ruled that the government cannot lock up immigration detainees for prolonged periods of time without providing them a basic form of due process — a bond hearing where the government must show that their detention is justified.

The ACLU, ACLU of Southern California, and Stanford Law School Immigrants' Rights Clinic brought the case on behalf of Amadou Lamine Diouf, a man held in detention for nearly two years while fighting his immigration case even though he posed no danger or flight risk. During this time, Diouf never received his day in court, but only an administrative custody review that rubber-stamped his continued imprisonment. In a unanimous decision, the 9th Circuit Court of Appeals held that a person who has been subjected to prolonged immigration detention is entitled to release unless the government can show that he poses a risk of flight or a danger to the community at a bond hearing before an immigration judge.

Diouf's story makes clear why detention must be limited by these basic procedures. He first came to the United States from Senegal when he was 21 years old to study information systems at California State University. After he graduated, he overstayed his student visa and married a U.S. citizen. Although he was eligible for a green card based on his marriage, the government detained him after his former immigration attorney failed to file important legal papers.

Utah Enacts Anti-Immigrant Bill

Mar 16, 2011
Democracy Now

In Utah, Republican Gov. Gary Herbert has signed into a law a new package of measures similar to last year’s anti-immigrant crackdown in Arizona. Utah’s Republican-controlled legislature approved the laws earlier this month. Immigrant rights activists are expected to challenge provisions that force law enforcement officers to check the immigration status of people stopped for violations.

Promulga Utah leyes migratorias que abren nueva vía a inmigración

Mar 15, 2011

Notimex Dallas Mar Mar 15 2011 19:02:50

Utah promulgó este Martes una ley estatal que suspende la persecución de indocumentados y les da permisos para vivir y residir en la entidad, y abre un nuevo camino para el problema de la inmigración ilegal en este país, alejado del enfoque de Arizona.

La legislación forma parte de un paquete de cuatro iniciativas que fueron firmadas y promulgadas como leyes por el gobernador republicano de Utah, Gary Herbert, en una ceremonia en el Capitolio Estatal en Salt Lake City.

El conjunto de nuevas leyes frena por un lado, el acoso a los inmigrantes sin papeles y les autoriza a vivir y residir en la entidad, pero por otro, ordena a policías locales verificar el estatus migratorio de personas detenidas por algún delito.

El paquete de legislaciones coloca a Utah a la vanguardia de las demás entidades estadunidenses, al abrir con ello un nuevo camino al tratamiento de la inmigración ilegal en este país, alejado de medidas controversiales como las aplicadas en Arizona.

Una de las nuevas leyes, firmadas este martes por Herbert, ordena crear el primer programa estatal de “trabajadores huéspedes”, en el cual el estado otorgará permisos a inmigrantes indocumentados para continuar viviendo y trabajando en esa entidad.

La ley, emanada de la iniciativa HB116, autoriza al gobierno de Utah a emitir permisos a indocumentados residentes que pasen una revisión de historial delictivo, paguen una multa de dos mil 500 dólares y se comprometan a aprender el inglés.

Los permisos, que serían por dos años, permitirán a los inmigrantes sin papeles salir de las sombras de la ilegalidad para residir y trabajar en forma legal. La medida podría beneficiar a unos 110 mil inmigrantes indocumentados que se estima residen ya en Utah.


Bills Modeled After Arizona’s SB 1070 Spread Through States

Mar 2011

UPDATE @ 6:55 ET: North Carolina just became the 16th state* to introduce an SB 1070 copycat bill. Unlike Arizona’s law, the North Carolina bill states that only a “law enforcement officer who is authorized by the federal government to verify or ascertain a person’s immigration status” may enforce the new law. The effect, as I discuss below in the context of other states, is a blurring of the lines between state and federal immigration enforcement programs.
………………………………………………………………….

In Arizona’s state legislature, racial profiling is so 2010. It introduced a set of anti-immigrant billslast week that make last year’s SB 1070 look a bit like a passing nuisance. But outside the Grand Canyon State, SB 1070 is far from last year’s news. A round of similarly crafted and in many cases more extreme bills are now spreading all over the country.
At least 16 state legislatures* have introduced SB 1070 copycat bills in the current legislative session. They are undeterred by the suite of lawsuits that have thus far kept Arizona from implementing the most controversial elements of its law.
Arizona’s SB 1070, signed into law last year, made it a misdemeanor for non-citizens to be in the state without documentation. The law also made it a crime to shelter, hire or transport undocumented immigrants and required cops to check the immigration status of anyone suspected of being undocumented. A federal judge has blocked the bulk of the law while courts weigh legal challenges. The Justice Department says the law unconstitutionally preempts federal authority to regulate immigration; civil rights advocates add that it legislates racial profiling.
The SB 1070 copycat laws now introduced across the country all look similar, though most have been tweaked to make them even more draconian. In four states—Indiana, Utah, Mississippi and Kentucky—at least one chamber of the legislature has passed an SB 1070-style bill. In 11 states considering bills—California, Georgia, Illinois, Florida, Maine, Michigan, Nebraska, South Carolina, Tennessee and Texas—the legislation is still in the committee process.


Who Will Pass the Next Bill?

Presentan en EU 600 propuestas antiinmigrantes

27 enero 2011

El Universal Ciudad de México Jue Ene 27 2011 16:16:21

La cifra, sólo de este enero, supera las 346 resoluciones promulgadas en 2010. Aseguran que la tendencia refleja la creciente frustración entre funcionarios y residentes sobre indocumentados y el fracaso del Congreso y la Casa Blanca al abordar el tema

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales reveló que en lo que va del mes legisladores de Estados Unidos han introducido más de 600 propuestas de leyes antiinmigrantes, como la la Ley SB-1070 de Arizona.


Lawsuit Filed Over Escondido Driver's License Checkpoints

Jan 17, 2011

Suit Claims Escondido Violated California Vehicle Code

POSTED: 7:04 pm PST January 17, 2011
UPDATED: 7:18 pm PST January 17, 2011

SAN DIEGO -- An Escondido resident filed a multi-million dollar lawsuit against the city of Escondido and Escondido Police Department because of its driver's license checkpoints.

The driver's license checkpoints began in 2004 and have been criticized by activists who call them immigration checks.

The plaintiff, Escondido resident Rich Dudka, said he was driving on Escondido Boulevard when he was stopped at a checkpoint back on October 5, 2009.

Immigration and Nationality Act Section 287(g)

Immigration and Nationality Act Section 287(g)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Section 287(g) of the Immigration and Nationality Act (INA) was made law in the United States in 1995 as a result of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA). Section 287(g) authorizes the Federal Government to enter into agreements with state and local law enforcement agencies, permitting designated officers to perform immigration law enforcement functions, pursuant to a Memorandum of Agreement (MOA), provided that the local law enforcement officers receive appropriate training and function under the supervision of sworn U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers. Under 287(g), ICE provides state and local law enforcement with the training and subsequent authorization to identify, process, and when appropriate, detain immigration offenders they encounter during their regular, daily law-enforcement activity.

The March 2010 arrest of undocumented student Jessica Colotl sparked an intense debate around immigration issues, with Colotl's supporters calling for an end to 287(g).[1] Colotl was arrested in Cobb County, Georgia, which has 287(g) legislation, and faces deportation.[1]



Secretary Napolitano Announces New Agreement for State and Local Immigration Enforcement Partnerships and Adds 11 New Agreements


Release Date: July 10, 2009

For Immediate Release
Office of the Press Secretary
Contact: 202-282-8010

Department of Homeland Security (DHS) Secretary Janet Napolitano announced today that U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) has standardized the Memorandum of Agreement (MOA) used to enter into “287(g)” partnerships—improving public safety by removing criminal aliens who are a threat to local communities and providing uniform policies for partner state and local immigration enforcement efforts throughout the United States. Additionally, today ICE announced eleven new 287(g) agreements with law enforcement agencies from around the country.

“This new agreement supports local efforts to protect public safety by giving law enforcement the tools to identify and remove dangerous criminal aliens,” said Secretary Napolitano. “It also promotes consistency across the board to ensure that all of our state and local law enforcement partners are using the same standards in implementing the 287(g) program.”

The new MOA aligns 287(g) local operations with major ICE enforcement priorities—specifically, the identification and removal of criminal aliens. To address concerns that individuals may be arrested for minor offenses as a guise to initiate removal proceedings, the new agreement explains that participating local law enforcement agencies are required to pursue all criminal charges that originally caused the offender to be taken into custody.

The new MOA also defines the objectives of the 287(g) program, outlines the immigration enforcement authorities granted by the agreement and provides guidelines for ICE’s supervision of local agency officer operations, information reporting and tracking, complaint procedures and implementation measures.

“The 287(g) program is an essential component of DHS’ comprehensive immigration enforcement strategy,” said ICE Assistant Secretary John Morton. “The new agreement strengthens ICE’s oversight of the program and allows us to better utilize the resources and capabilities of our law enforcement partners across the nation.”

DHS and ICE will begin working with their current 287(g) partner agencies to re-sign the standardized agreements —ultimately, only those agencies with newly signed agreements will be permitted to continue enforcing immigration law. A “sunset clause” will keep the MOA in effect for three years from the date of signing unless terminated by either party.

To date, ICE has trained more than 1,000 officers operating under 66 local 287(g) agreements between DHS and law enforcement agencies nationwide. Since January 2006, these 287(g)-trained officers are credited with identifying more than 120,000 individuals, predominantly in jails, who are suspected of being in the country illegally.

The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRAIRA) of 1996 added Section 287(g) to the Immigration and Nationality Act, which authorizes the DHS Secretary to enter into agreements with state and local law enforcement agencies to perform immigration officer functions. Pursuant to these MOAs, designated officers who receive appropriate training and function under the supervision of sworn ICE officers are permitted to perform immigration law enforcement duties.

The eleven new agreements are with the following jurisdictions: Gwinnett (GA) County Sheriff’s Department.; Monmouth (NJ) County Sheriff’s Office; Rhode Island Department of Corrections; Delaware Department of Corrections – Sussex Correctional Institution; Houston Police Department; City of Mesquite (NV) Police Department; Morristown (NJ) Police Department; City of Mesa (AZ) Police Department; Florence (AZ) Police Department


MALDEF WINS NINTH CIRCUIT DECISION OVERTURNING ONEROUS ARIZONA VOTER REGISTRATION LAW

Oct 29, 2010

Court ruling comes one week before a critical national election and stands as a warning to anyone who seeks to deter or prevent voter participation

SAN ANTONIO, TX – Today, MALDEF welcomed the Ninth Circuit's ruling in Gonzalez v. State of Arizona, striking down an Arizona law that restricted voter registration. MALDEF had challenged 2004 law, also known as Proposition 200, as unconstitutional and in violation of federal law because the law forced voters to meet onerous new identification requirements at the polls and imposed unnecessary paperwork requirements on those seeking to register to vote.

Today's ruling concluded that Prop 200's voter registration provision is unconstitutional because it is inconsistent with federal law guaranteeing uniform voter registration procedures throughout the U.S. In its decision, the Ninth Circuit explained that the National Voter Registration Act, a comprehensive law enacted by Congress to combat discriminatory and onerous state voter registration schemes, supersedes Prop 200's additional documentation requirements. The Ninth Circuit concluded that the district court did not err in upholding the polling place voter identification provisions of Prop 200.

In response to the ruling, MALDEF President and General Counsel Thomas A. Saenz remarked, "This welcome decision, auspiciously coming one week before a critical national election, stands as a warning to anyone who seeks to deter or prevent voter participation -- whether through overreaching legislation as in Arizona or through more informal attempts at intimidation -- that our Constitution will protect our democratic process."

Nina Perales, National Senior Counsel and lead counsel in the case, stated, "Today's ruling is an important vindication of federal law. No longer will thousands of U.S. citizens in Arizona be rejected for voter registration by an unconstitutional scheme that conflicts with federal law."

MALDEF filed this case on behalf of individual voters and voter registration applicants as well as the following organizations: Southwest Voter Registration Education Project, Valle del Sol, Friendly House, Chicanos Por La Causa, the Arizona Hispanic Community Forum, ACORN, Project Vote, and Common Cause. Danny Ortega, of the law firm of Roush, McCracken, Guerrero, Miller & Ortega, and Karl Sandstrom of Perkins Coie are co-counsel with MALDEF in the case.

For all media inquiries, please contact Laura Rodriguez.

Can You Navigate the Immigration Maze to U.S. Citizenship?

Consulted: Oct 25, 2010

Chart shows how complicated becoming an American is for even the most skilled workers
August 21, 2008

Los Angeles (August 21, 2008) - The immigration debate is often reduced to - why don't immigrants just get in line and come into this country legally? If only it were that simple.

A new chart details how complicated the immigration maze is, demonstrating the countless requirements that must be met, and the red tape that must be navigated, by everyone from English soccer star David Beckham to an Indian engineer.

What's the best-case immigration scenario? Five or six years: If you are the spouse or a minor child of a U.S. citizen, you should be able to enter the country and get a green card. Then, after three to five years, you can apply to become a citizen.

The worst case scenario? You are an unskilled worker hoping to make a better life for yourself in America. 'Unlike previous periods in our history, there is virtually no process for unskilled immigrants without family relations in the U.S. to apply for permanent legal residence,' the chart by Reason Foundation and the National Foundation for American Policy states....

11 Tucson teachers sue Arizona over new 'anti-Hispanic' schools law

October 20, 2010

11 Tucson teachers sue Arizona over new 'anti-Hispanic' schools law
By Michael Martinez and Thelma Gutierrez, CNN October 20, 2010 6:18 a.m. EDT
By Michael Martinez and Thelma Gutierrez
CNN Report link

Story Highlights

There's another federal lawsuit involving Latinos and a new Arizona law

Tucson schools have been teaching Mexican-American studies since 1998
Tucson school system faces a $3-million-a-month sanction unless it ends program
The sanction comes under a new state law championed by the state's education head

Tucson, Arizona (CNN) -- Eleven Tucson, Arizona, educators sued the state board of education and superintendent this week for what the teachers consider an "anti-Hispanic" ban looming on Mexican-American studies.

The suit comes in a state already roiled by a controversial immigration law that is being challenged in court.

On Tuesday, state Superintendent of Public Instruction Tom Horne defended the new law, which will go into effect December 31. The law authorizes the superintendent to stop any ethnic studies classes that "promote the overthrow of the United States government ... promote resentment toward a race or class of people ... (or) advocate ethnic solidarity instead of treatment of pupils as individuals."

Horne said he would seek the first-ever ban in Tucson for its "raza studies" program, now called Mexican-American studies. Raza means "the race" in Spanish.

The law allows the state to withhold 10 percent of monthly aid -- which would amount to $3 million a month for Tucson Unified School District No. 1...

Rupert Murdoch Calls for Amnesty for 'Law-Abiding' Illegal Immigrants

Thursday, September 30, 2010
By Edwin Mora

Rupert Murdoch Calls for Amnesty for 'Law-Abiding' Illegal Immigrants

(CNSNews.com) - News Corporation CEO Rupert Murdoch said he supports amnesty for “law abiding” illegal immigrants because as legal residents they can help the nation’s economy by adding to “our tax base.” He also said he supports securing the border to prevent more illegal immigrants from entering the United States.

At a hearing on Thursday before the House Judiciary Subcommittee on Immigration, Murdoch testified, “I joined Mayor [Michael] Bloomberg in organizing the Partnership for a New American Economy because I believe that all Americans should have a vital interest in fixing our broken immigration system so we can continue to compete in the 21st century global economy.”


“While supporting complete and proper closure of all our borders to future illegal immigrants, our partnership advocates reform that gives a path to citizenship for responsible, law-abiding immigrants who are in the U.S. today without proper authority,” said Murdoch, who was born in Australia and is a naturalized U.S. citizen.

The News Corp. CEO, whose company owns the Fox News Channel, further said it is fiscally unfeasible to deport the illegal immigrants who are already in the United States, which he estimated as totaling about 12 million people.

“It is nonsense to talk of expelling 12 million people,” testified Murdoch. “Not only is it impractical, it is cost prohibitive.”

Murdoch cited a study that gauged “the price of mass deportation at $285 billion over five years,” which amounts to $57 billion per year, adding that “there are better ways to spend our money.”

“A full path to legalization--requiring unauthorized immigrants to register, undergo a security check, pay taxes and learn English--would bring these immigrants out of a shadow economy and add to our tax base,” said Murdoch.

He continued, “According to one study, a path to legalization would contribute an estimated $1.5 trillion to the Gross Domestic Product over 10 years.”

Murdoch did not cite the source for the studies he cited during his testimony.

Regarding border security, Murdoch said “we need to do more” than spend money on resources to secure our borders.

“We can and should add more people, technology and resources to ensure that we have control over who comes into this country,” said Murdoch, “but I worry that spending alone will not stop the flow of illegal immigrants.”

He said that while the United States has increased border security funding every year since 1992, “the estimated population of illegal immigrants has more than tripled.”

“That number only started to decline when our country hit a recession and there were fewer jobs,” said Murdoch. “So, our border security must also be matched with efforts to make sure employers can’t hire illegal immigrants.”

Both Murdoch and New York City Mayor Michael Bloomberg testified about the role of immigration in strengthening America’s economy.

“Our system of immigration, I think it fair to say, is broken,” Bloomberg told the subcommittee. “I think it’s undermining our economy, it is slowing our recovery, and it really is hurting millions of Americans. And we just have to fix it.”

“Creating a path to citizenship for illegal immigrants will strengthen our economy,” said Bloomberg.

Bloomberg also said that his and Murdoch’s experience with the issue stems from having hired thousands of people over the years.

In contrast to Murdoch's and Bloomberg's testimony, Steven Camarota, director of research at the Center for Immigration Studies, told the subcommittee that the economic losses caused by illegal immigrants outweighed the benefits.

He pointed out that the National Academy of Sciences has examined the fiscal impact of immigration.

“They found that the fiscal impact was enough to eat up the entire economic gain,” said Camarota. “So if you put the economic gain with the fiscal impact, you get no benefits at all, it would seem.”

Camarota also testified that illegal immigrants take jobs from Americans while also lowering wages. He said that the wage loss is 12 times bigger than the benefits.