24 enero 2011
Enrique Méndez
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 24 de enero de 2011, p. 2
Arriaga, Chis., 23 de enero. Antes de apagar la luz, el secuestrador sujetó a uno de los migrantes –entre hombres, mujeres y niños– que bajaron del tren en Juchitán, Oaxaca, y a los que hombres armados se llevaron a una casa de seguridad en Medias Aguas, Veracruz. “Éste no quiso pagar”, dijo ya a oscuras. Luego le disparó en la cabeza.
A todos los habían torturado antes, con golpes de tablas en las piernas y las nalgas, para forzarlos a llamar a familiares en Estados Unidos y pedir como rescate un giro de mil dólares por Western Union.
Un nicaragüense que cubrió el pago regresó a Arriaga y se refugió en el albergue Hogar de la Misericordia, donde lo atendieron y contó su experiencia. “Llegó con la camisa manchada de sangre del hombre asesinado”, narró el padre Heyman Vázquez, director del refugio.
El indocumentado, sin embargo, no quiso interponer una denuncia. Otro, cuya esposa reside en Los Ángeles, pagó 700 dólares, sí se presentó a la Fiscalía especializada en delitos cometidos en contra de migrantes de Chiapas. Entregó la copia del recibo, con el nombre de a quién se había hecho el depósito y se aprehendió a sus plagiarios.
La fiscalía tiene registrados 16 secuestros masivos, y el viernes –en un avión de la Marina– trasladó a Veracruz a 10 personas de origen centroamericano presuntos responsables de varios casos, el más reciente el 28 de diciembre, y de los asesinatos en la casa de seguridad de Medias Aguas.
El fiscal Enrique Alfonso Méndez Rojas acota: “Los casos de secuestros masivos no son en Chiapas, sino en Veracruz y Oaxaca”.
En Chiapas, el gobierno de Juan Sabines no sólo integró la fiscalía, sino una Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace Internacional, y además una subsecretaría de Atención a Migrantes.
“Las casas de seguridad no son invisibles. Con la intervención del Ejército, en Tabasco fueron rescatados 52 migrantes”, informa la titular de la secretaría local, Andrea Hernández Fitzner.
En territorio chiapaneco, por donde un millón 400 mil migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador ingresaron en 2010 –de acuerdo con datos que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, le dio a funcionarios del estado en una reunión en Cancún–, el problema de la migración y las extorsiones está, al menos, contenido.
Los abusos proliferan en los estados vecinos, en las seis rutas identificadas como paso de ciudadanos de esos países que buscan llegar a Estados Unidos.
La salida de migrantes a bordo del tren se concentró en Arriaga desde octubre de 2005, cuando el huracán Stan arrasó las vías en el Sonocusco y se llevó dos puentes ferroviarios. Se prevé que en este año vuelvan a entrar en operación y el problema se trasladará al sur, a Puerto Madero, al lugar conocido como Los Toros.
Pese a la vigilancia estatal, el número tan elevado de migrantes permite cualquier tipo de extorsión y un grupo que espera en la estación de Arriaga se queja de que incluso los choferes del transporte público de Tapachula les quitan dinero.
Dos guatemaltecos relatan que el pasaje de Ciudad Hidalgo a Tapachula es de 15 pesos. “Pero a mí me cobraron 150 pesos, y si no se los das, te bajan en donde está el retén de Migración o de los soldados”, contó uno de ellos.
Tres hondureños salieron hace dos meses de su país. “Tenemos mala suerte con los de Migración”, se lamenta uno. Habían librado los secuestros, el retén militar y de policías federales en Ixtepec, donde los indocumentados saltaron del techo del tren “y hubo muertos al caer a las vías”. En Lechería los detuvieron y fueron deportados, pero ya están de regreso.
Durante 2010, el INM entregó a 92 mil 482 ciudadanos de Guatemala y Belice la forma migratoria de visitante local, que les permite realizar actividades en un perímetro de hasta 100 kilómetros pasando la frontera.
También concedió 28 mil 544 formas migratorias de trabajador fronterizo, para conseguir un empleo en las fincas de café o plátano. La intención del instituto, como explicó Beltrán del Río a diputados en su comparecencia, es que todos los centroamericanos entren legalmente.
Sin embargo, la intención del otro millón 300 mil indocumentados es llegar a Estados Unidos y ninguna de las dos formas migratorias avala su paso por el territorio nacional. Tan sólo la vía de ferrocarril de Arriaga a Oaxaca es de 320 kilómetros.
“Lo más sencillo sería modificar la Ley de Población para concederles su libre tránsito y evitar así los secuestros, pero vendría de inmediato la queja de Estados Unidos”, explica el diputado Jorge González Ilescas, del PRI.
Así que la única salida es el viaje ilegal, pese a los riesgos.
Antes de que aborden el tren, la cónsul de El Salvador en Arriaga, Vilma Mendoza, ofrece a sus compatriotas y ciudadanos de otros países café, un poco de atún, pero también una muestra del peligro que inicia en las vías.
En la planta alta del consulado, hay una exposición de fotografías de hombres asesinados, mutilados, de lugares donde las mujeres han sufrido violaciones tumultuarias…
El 23 de diciembre, un salvadoreño deportado de Nueva York, que ya había pagado 500 dólares por su liberación, huyó de sus captores y, en cuclillas, se escondía tras unos arbustos. Una bala en el pecho lo ultimó. Su fotografía, ya muerto, está prendida a la pared con tachuelas.
“En Nueva York dejó a su esposa e hijos. El problema con las deportaciones es que tienen un efecto multiplicador: de regreso a Estados Unidos se hacen acompañar de uno o varios familiares. Este hombre iba de regreso con un sobrino”, dijo la cónsul.
De acuerdo con el padre Vázquez, hay documentados al menos 214 secuestros masivos, en total casi 10 mil personas el año pasado, como reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Pero seguramente son más, pues muchos de los que llegan al refugio nos cuentan y la comisión no se entera”, explica.
David Sánchez Reyes, representante de la CNDH en Chiapas, informó que la cifra de 10 mil secuestrados parte de “datos reales, que se sustentan con visitas a albergues, al padre (Alejandro) Solalinde y las estaciones migratorias.
“Son datos de viva voz y estamos haciendo ese trabajo, y preparamos otro reporte con nuevos datos. Pero hay personas que no quieren dar testimonio.”
La cónsul Vilma Mendoza refiere que del secuestro masivo del 16 de diciembre, sólo seis fueron liberados porque pagaron. “Mataron a dos y a otro, que no se acordaba del teléfono de su mamá en Estados Unidos, le tiraron los dientes de una patada”.
La delincuencia organizada, sin embargo, también ha encontrado otra modalidad: la liberación selectiva, a cambio de que los indocumentados regresen a su país por amigos o familiares, para entregarlos a las bandas.
Otros, pocos, viajan con los mil dólares del rescate. Funcionarios del gobierno estatal refieren que los cobros también se hacen en bares en Oaxaca. “Todo mundo sabe dónde están, pero nadie les hace nada”, dicen.
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