Critican ausencia de defensa legal para inmigrantes detenidos en EUA
Las organizaciones Human Right Watch (HRW) y Constitution Project cuestionaron hoy al gobierno de Estados Unidos por la ausencia de defensa legal para inmigrantes detenidos y su transferencia a zonas remotas del país.
Hacen falta cambios porque de lo contrario continuará el actual "sistema costoso y caótico", dijo Alison Parker, directora adjunta de (HRW), en una conferencia con el ex secretario adjunto de Seguridad Interna, Asa Huchison, quien es miembro del comité de libertad y seguridad de Constitution Project.
Parker señaló que el traslado de los indocumentados a zonas remotas del país los aleja de sus familias, les impide contar con testigos de sus comunidades, les perjudica el acceso a servicios legales y causa un gran daño psicológico a sus familiares, incluidos niños nacidos en Estados Unidos.
En el foro, moderado por la directora de la Comisión de Inmigración de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA), Megan Mack, participó también el juez Bruce Einhorn, profesor adjunto de la Escuela de Leyes de la Universidad Pepperdine.
El juez Einhorn manifestó que hace falta una mayor supervisión judicial al poder ejecutivo sobre el uso del sistema de detención, para evitar prácticas injustas cuando todos saben que los inmigrantes, que en su gran mayoría son personas de color, no son terroristas.
En un informe titulado "Encerrados y alejados", HRW señaló que "los traslados interponen obstáculos a menudo insuperables para el acceso de los detenidos a asistencia legal, independientemente de los fundamentos de su caso".
"Los traslados obstaculizan el derecho a impugnar su detención, provocan cambios injustos, a mitad del procedimiento, en la interpretación de las leyes aplicables a sus casos y, en última instancia, pueden dar lugar a deportaciones injustas", señaló.
Casi 380 mil extranjeros fueron detenidos en 2008 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enviados a unas 300 cárceles, la mayoría administradas por gobiernos estatales y locales, que son subcontratadas por el ICE para albergar a esas personas, según HRW.
Indicó que los inmigrantes son consignados primero a establecimientos cercanos a su lugar de residencia, por ejemplo, en Nueva York o Los Angeles, pero luego son trasladados sistemáticamente por el ICE a cárceles a cientos o miles de millas de distancias en Arizona, Louisiana o Texas.
Entre 1999 y 2008 se llevaron a cabo 1.4 millones de traslados de detenidos, lo que realiza el ICE como medida de control de inmigración tras la aprobación de restrictivas leyes en 2006 y por la ausencia de políticas efectivas que eviten esas transferencias innecesarias, señaló el reporte.
Por su parte, Hutchison indicó que hace falta un sistema más humano y eficiente a la vez, pero que los cambios deben hacerse sin afectar la seguridad nacional.
La organización Constitution Project sostuvo en su informe que a pesar de la naturaleza "civil" y no "criminal" de sus ofensas, los indocumentados son a menudo detenidos en cárceles locales y estatales y otros enviados a lugares remotos.
Señaló que en los últimos cinco años 83 personas murieron en centros de detención para inmigrantes, según reportes de prensa y que el diario The New York Times reportó la muerte del inmigrante Boubacar Bah, de Guinea, por falta de tratamiento tras una caída que le produjo una fractura de cráneo.
El informe indicó que, a diferencia de los acusados que son criminales, los no ciudadanos en proceso de deportación no tienen un derecho general a defensor público, y que casi las dos terceras partes de esos inmigrantes carecen de representación legal.
La designación de un consejero legal beneficiaría tanto al extranjero como al gobierno, lo cual haría más eficiente y menos costoso el proceso de "deportación expedita" aplicado por las autoridades, según el reporte de Constitution Project.
illegalilegales.blogspot.com
Hacen falta cambios porque de lo contrario continuará el actual "sistema costoso y caótico", dijo Alison Parker, directora adjunta de (HRW), en una conferencia con el ex secretario adjunto de Seguridad Interna, Asa Huchison, quien es miembro del comité de libertad y seguridad de Constitution Project.
Parker señaló que el traslado de los indocumentados a zonas remotas del país los aleja de sus familias, les impide contar con testigos de sus comunidades, les perjudica el acceso a servicios legales y causa un gran daño psicológico a sus familiares, incluidos niños nacidos en Estados Unidos.
En el foro, moderado por la directora de la Comisión de Inmigración de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA), Megan Mack, participó también el juez Bruce Einhorn, profesor adjunto de la Escuela de Leyes de la Universidad Pepperdine.
El juez Einhorn manifestó que hace falta una mayor supervisión judicial al poder ejecutivo sobre el uso del sistema de detención, para evitar prácticas injustas cuando todos saben que los inmigrantes, que en su gran mayoría son personas de color, no son terroristas.
En un informe titulado "Encerrados y alejados", HRW señaló que "los traslados interponen obstáculos a menudo insuperables para el acceso de los detenidos a asistencia legal, independientemente de los fundamentos de su caso".
"Los traslados obstaculizan el derecho a impugnar su detención, provocan cambios injustos, a mitad del procedimiento, en la interpretación de las leyes aplicables a sus casos y, en última instancia, pueden dar lugar a deportaciones injustas", señaló.
Casi 380 mil extranjeros fueron detenidos en 2008 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enviados a unas 300 cárceles, la mayoría administradas por gobiernos estatales y locales, que son subcontratadas por el ICE para albergar a esas personas, según HRW.
Indicó que los inmigrantes son consignados primero a establecimientos cercanos a su lugar de residencia, por ejemplo, en Nueva York o Los Angeles, pero luego son trasladados sistemáticamente por el ICE a cárceles a cientos o miles de millas de distancias en Arizona, Louisiana o Texas.
Entre 1999 y 2008 se llevaron a cabo 1.4 millones de traslados de detenidos, lo que realiza el ICE como medida de control de inmigración tras la aprobación de restrictivas leyes en 2006 y por la ausencia de políticas efectivas que eviten esas transferencias innecesarias, señaló el reporte.
Por su parte, Hutchison indicó que hace falta un sistema más humano y eficiente a la vez, pero que los cambios deben hacerse sin afectar la seguridad nacional.
La organización Constitution Project sostuvo en su informe que a pesar de la naturaleza "civil" y no "criminal" de sus ofensas, los indocumentados son a menudo detenidos en cárceles locales y estatales y otros enviados a lugares remotos.
Señaló que en los últimos cinco años 83 personas murieron en centros de detención para inmigrantes, según reportes de prensa y que el diario The New York Times reportó la muerte del inmigrante Boubacar Bah, de Guinea, por falta de tratamiento tras una caída que le produjo una fractura de cráneo.
El informe indicó que, a diferencia de los acusados que son criminales, los no ciudadanos en proceso de deportación no tienen un derecho general a defensor público, y que casi las dos terceras partes de esos inmigrantes carecen de representación legal.
La designación de un consejero legal beneficiaría tanto al extranjero como al gobierno, lo cual haría más eficiente y menos costoso el proceso de "deportación expedita" aplicado por las autoridades, según el reporte de Constitution Project.
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